Sheinbaum propone crear comisión del INE para detectar candidatos ligados al crimen organizado
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral.
La mandataria explicó que el objetivo de esta nueva instancia será evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan contender por cargos de elección popular bajo cualquier partido político.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, señaló durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
Sheinbaum precisó que la propuesta respeta el principio constitucional de presunción de inocencia y funcionará como un mecanismo preventivo para que los partidos políticos puedan conocer si existen antecedentes o alertas sobre quienes aspiren a una candidatura.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
Explicó que esta comisión serviría como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para consultar información de aspirantes ante instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la propuesta, los partidos entregarían de manera voluntaria listas de aspirantes para su revisión. Posteriormente, las autoridades emitirían un dictamen en el que se determine si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
La Comisión comunicaría los resultados a los partidos políticos, quienes decidirían si mantienen o retiran la postulación. En caso de detectarse información relevante, las autoridades continuarían con las investigaciones conforme a sus atribuciones legales.
La iniciativa también contempla que toda persona aspirante a una candidatura otorgue su consentimiento para ser evaluada por esta comisión, además de establecer reglas de confidencialidad y reserva de información para no afectar el debido proceso.
Foto: Claudia Sheinbaum